El Gobierno vasco ha repartido a los agentes sociales que componen la nueva ‘Mesa por una escuela inclusiva, equitativa y de calidad’ el informe ‘Diagnóstico inicial y respuesta a la segregación escolar en Euskadi’ para su discusión y posible consenso. El debate tiene, pues, su campo de juego delimitado y creemos que se va a jugar con las cartas marcadas.
Para empezar, la composición de la mesa es desequilibrada, con la presencia de todas las patronales de la enseñanza concertada y una mínima representación de la enseñanza pública; además dos sindicatos, que conforman la mayoría sindical de la enseñanza pública, han decidido no participar. Al igual que en el proceso de elaboración de la Ley de Educación, se conforma una participación sesgada para al final decir que estamos ante un nuevo “acuerdo histórico”, previamente diseñado, pero sin consenso social real.
En el diagnóstico que abre el informe se cita la existencia de dos redes educativas (la pública y la privada-concertada) como una de las cinco causas de segregación escolar. En nuestra opinión, es la existencia de la enseñanza privada-concertada la que, con sus prácticas de selección del alumnado, divide la oferta y promueve el reparto desigual. Todos los estudios y datos correlacionan la segregación escolar con la mayor o menor presencia de la enseñanza concertada (el gran factor de discriminación escolar). El hecho de citar esto solo como un apartado más y no como fuente principal de la segregación, convierte este diagnóstico en parcial e incompleto. Se acepta la dualidad público-privada del sistema entre las causas, pero luego no se tiene en cuenta a la hora de proponer medidas correctoras.
Más de la mitad del informe se reafirma en las medidas tomadas hasta ahora por el Departamento contra la segregación: creación de índices, mapa escolar, proceso de matriculación… Pero la realidad es que sus resultados han sido insignificantes. ¿Para qué han servido el ‘Plan marco para el desarrollo de una escuela inclusiva 2019-2022’, o el vergonzoso “reparto” de alumnado vulnerable durante estos tres años? Para que el “índice de disimilitud”, es decir el porcentaje de alumnado que debiera ser redistribuido pase del 0,47 al 0,42, o sea, que todavía habría que recolocar al 42% (casi la mitad) para llegar a una situación de no segregación. A los y las autoras del informe les parece un dato positivo. No compartimos su valoración. No entendemos que, para procurar la escolarización equilibrada del alumnado entre todos los centros, se ponga el foco en el sector más vulnerable, se le niegue (sólo a él) la posibilidad de elegir centro, y lejos de garantizarle una plaza pública, se le dirija a centros privados, donde además en ocasiones no se les garantiza una inmersión en nuestra lengua.
En cuanto a los ‘Retos y propuestas de la respuesta a la segregación del alumnado’ que el informe propone, solo podemos calificarlas de continuistas y compensatorias: mantenimiento del reparto del alumnado vulnerable, ayudas a centros específicos, intervenciones con las familias, formación del profesorado, fomento del éxito escolar, becas… Es un compendio de medidas que ya existen y una serie de observaciones de carácter psicopedagógico fuera de lugar. Es imposible obtener resultados si solo se actúa contra los síntomas de la segregación y no se ataca a su causa. La segregación escolar es un problema estructural y necesita de medidas estructurales, que afecten a todo el sistema porque la dualidad público-privado del sistema educativo vasco es el principal eje de la segregación.
Por otra parte, no hay en todo el informe ninguna mención al papel que el euskera, como factor de integración debiera de jugar en esa nueva escuela inclusiva que se pretende. En una realidad cada vez más plurilingüe, el euskera debe de ser el puente para la convivencia y la herramienta de comunicación mayoritaria.
En resumen, la composición de la nueva ‘Mesa por una escuela inclusiva, equitativa y de calidad’ es desequilibrada, el diagnóstico presentado es erróneo por incompleto, los datos falsamente triunfalistas y las medidas que se proponen parches asistencialistas. Creemos que va ser un nuevo ejercicio de supuesta participación social que acabará con una lista de recomendaciones generales que no pondrán en cuestión las políticas de siempre, las que nos han llevado a esta situación de segregación insostenible, a esta enorme brecha discriminatoria que impregna todo nuestro sistema educativo.
Y es que el problema de la segregación escolar no se solucionará si no se lucha contra el sistema dual de redes en educación y no se abandonan las políticas privatizadoras. Eentre los años 2021 y 2024, en plena oleada de bajada de natalidad, se ha incrementado el dinero destinado a la red privada-concertada en un 17,5%, (unos 124 millones de euros). La vía escogida por el departamento es un callejón sin salida.
Para afrontar la segregación escolar, más que producir documentación y nueva normativa, sería necesario que existiera la voluntad política real para poner en marcha medidas eficaces como: priorizar la red pública en los procesos de planificación y adjudicación de plazas, aumentar la dotación de recursos humanos y materiales para garantizar en ella la excelencia y la euskaldunización para todos y todas, eliminar progresivamente la sobreoferta de plazas y la concertación económica de la red privada, y abrir vías de publificación para los centros que lo deseen. Políticas que dirijan a la mayoría de las familias a la única escuela inclusiva, plural y euskaldun, la escuela pública.
Arantza Fernandez de Garaialde y José Manuel Martínez (Eskola Publikoaz Harro)
